En el Estado de California, el tribunal de menores es distinto del tribunal penal de adultos. Una de las principales diferencias entre ambos radica en la terminología empleada por cada uno de ellos. Mientras en el tribunal de menores se habla de “petición aceptada”, en el tribunal penal de adultos se emiten veredictos de culpabilidad.

Lo anterior encuentra explicación en el hecho de que cada una de estas autoridades judiciales responde ante un sistema diferente. El tribunal de menores es la autoridad que está llamada a pronunciarse dentro del Sistema de Delincuencia Juvenil. En cambio, el tribunal penal de adultos es la autoridad que se encarga de emitir pronunciamientos dentro del Sistema Penal.

El Sistema de Delincuencia Juvenil tiene por objetivo establecer medidas para la rehabilitación del menor, a diferencia del Sistema Penal cuyo objetivo es establecer medidas punitivas. Por este motivo es que en los casos que involucran a menores, la fiscalía en lugar de formular cargos, presenta una petición ante el tribunal. Cuando el juez acepta la petición es porque luego de considerar todas las pruebas y hallazgos del caso, ha determinado que el menor cometió el delito. Así las cosas, el paso siguiente será dictar la sentencia.

Si su hijo está atravesando por una situación similar, es importante que consulte a la mayor brevedad posible su caso con un abogado de defensa juvenil de San Diego, CA. En el Bufete de Defensa Criminal, contamos con un equipo legal especializado y con vasta experiencia en el área que está completamente a su disposición. ¡Contáctenos hoy!

¿Qué es el tribunal de menores? 

El tribunal de menores, también conocido como tribunal de delincuencia juvenil, es la autoridad judicial que se ocupa de juzgar delitos presuntamente cometidos por menores. Pero a diferencia del tribunal penal, en éste no se juzga a un menor como “inocente” o “culpable”. Lo anterior se debe a que cuando la autoridad judicial determina que el menor cometió el delito, acepta la petición presentada por el fiscal; pero en caso de determinar que el menor no fue quien cometió el delito, la niega.

Por lo general, el tribunal se ocupa de los menores cuyo rango de edad se encuentra entre los 12 y 17 años. No obstante, en contados casos se encarga de juzgar a menores que no han cumplido los 12 años de edad.

En otras palabras, el tribunal de menores no atiende aquellos casos relacionados con delitos cometidos por una persona que tiene de 18 años de edad en adelante. Sin embargo, tenga en cuenta que si un menor cometió un delito a los 17 años, pero esta situación se descubre tiempo más tarde cuando ya cuenta con 20 años de edad, el tribunal de menores puede manejar el caso debido a que al momento de cometer el delito tenía menos de 18 años.

¿Cómo es el proceso judicial que se adelanta ante el tribunal de menores?

Cuando un menor es arrestado por las autoridades, los oficiales de policía pueden optar por darle una advertencia y dejarlo regresar a casa o entregarle una citación para que comparezca ante el tribunal en una fecha posterior. Sin embargo, si el asunto es serio, la autoridad de policía podrá colocar al menor tras las rejas de un centro para delincuentes jóvenes. Frente a este último escenario, se encargará de llevar al menor ante un oficial de libertad condicional para que lo entreviste. 

En la entrevista, el oficial de libertad condicional determinará lo que en adelante sucederá con el menor, y bajo este orden de ideas podrá:

  • Enviar al menor a casa con una citación para que regrese al tribunal en una fecha posterior;
  • Enviar al menor a casa para que dé cumplimiento a un programa de libertad condicional; o
  • Detener al menor en el centro para delincuentes jóvenes hasta que un juez pueda revisar el caso.

 Una vez realizada la entrevista, el oficial de libertad condicional puede solicitar al Fiscal del Distrito que presente una petición contra el menor. Esa petición es lo que en el Sistema Penal de los adultos se conoce como la formulación de cargos y es que en esencia es lo mismo pues en el contenido de la petición, el fiscal indica las normas penales presuntamente vulneradas por el menor. 

Como el menor está recluido en el centro de delincuentes jóvenes, el fiscal tiene un tiempo máximo para presentar la respectiva petición. Así las cosas, cuando el menor está detenido por un delito grave, tendrá que presentarla dentro de las 48 horas siguientes al arresto. En cambio si el menor está detenido por un delito menor, tendrá que presentarla dentro de las 72 horas.

Una vez presentada la petición, se abre paso a la audiencia de detención. Esta primera audiencia tiene como objetivo determinar si el menor permanecerá recluido o no mientras su caso se encuentre pendiente por resolver. Si el tribunal determina que el menor deberá continuar detenido hasta tanto se defina el caso, dentro de los 15 días siguientes se realizará una audiencia de jurisdicción. 

En la audiencia de jurisdicción (también conocida como audiencia de adjudicación) el juez leerá la petición y explicará lo que significa, refiriéndose también a las posibles consecuencias. Por ejemplo, informará a los padres o tutores del menor que es posible que tengan que pagar una indemnización y responder por multas en su nombre. Luego le solicitará al menor que se pronuncie con respecto a la petición presentada por el fiscal, lo que en otras palabras significa que podrá admitir lo señalado en ésta o negar lo indicado en la misma. Si opta por negar lo que se indica en la petición, entonces deberá luchar contra las pruebas que se tengan en su contra y para ello necesitará la asesoría de un buen abogado con experiencia manejando este tipo de casos. Un abogado de defensa juvenil podrá objetar las pruebas presentadas por el fiscal y presentar pruebas nuevas al caso. Asimismo, podrá contrainterrogar y presentar testigos durante la audiencia.

Ahora bien, tal como sucede en los proceso penales que se llevan a cabo ante los tribunales que juzgan a los adultos, el menor también tiene derecho a permanecer en silencio durante la audiencia de jurisdicción. Si opta por permanecer en silencio en lugar de pronunciarse con respecto al asunto, el juez tomará en consideración lo señalado por los alegatos que reposan en la petición y decidirá si son correctos o no. 

Finalmente, si el juez determina que lo señalado en la petición es correcto, entonces fijará una nueva audiencia para determinar el tratamiento que recibirá el menor con el fin de rehabilitarlo. Dicha audiencia se denomina audiencia de disposición. 

¿Qué sucede cuando el juez determina que lo señalado en la petición es correcto?

Cuando el juez confirma que la información descrita en la petición del fiscal es correcta, entonces la acepta. Es importante aclarar que cuando el juez acepta la petición significa que ha determinado que el menor es culpable y lo siguiente que hará será dictar la respectiva sentencia.

En ese mismo orden de ideas, al aceptar la petición en la audiencia de jurisdicción, el juez fija una nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de disposición. Por lo general, esta audiencia se realiza dentro de los 10 días siguientes cuando el menor está detenido. Pero si no lo está, entonces se realiza dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la petición del fiscal. Sin embargo, tenga en cuenta que en algunos casos se puede posponer la audiencia pero esto lo determina el juez de acuerdo con su criterio.

Durante la audiencia de disposición el juez determinará las medidas a imponer, encaminadas a lograr la rehabilitación del menor. Dicho de otra forma, decidirá el tratamiento y la orientación que recibirá, ya que existen varias opciones de sentencia. Para ello, tendrá en cuenta el informe social preparado por el oficial de libertad condicional en el cual se describe el historial criminal, familiar y escolar del menor, y donde señala su recomendación con respecto a la sentencia. También cabe la posibilidad de que el informe incluya una declaración de la víctima, aunque esto sucede cuando la petición está fundamentada en delitos graves.

No obstante, es importante aclarar que el juez no sólo tendrá en cuenta el informe mencionado, ya que en la audiencia el fiscal también tendrá la oportunidad de mostrar evidencia para ayudar a que la autoridad judicial adopte una decisión. A su vez, el menor y su abogado defensor tendrán la oportunidad de presentar más pruebas e incluso la víctima podrá presentar una declaración oral o escrita que será tenida en cuenta en el transcurso de la audiencia. 

Para tomar la decisión final con relación a la sentencia, el juez considerará una serie de factores dentro de los cuales se destacan: la edad del menor, las circunstancias específicas en las que se cometió el delito y su gravedad, así como el historial criminal (si tiene antecedentes penales o no). Pero además, evaluará y determinará las medidas a imponer teniendo en cuenta lo más conveniente para el menor aunque sin perder de vista la protección de la comunidad en general y la reparación a la que tienen derecho las víctimas.

Una vez presentadas todas las pruebas y los hallazgos del caso, el tribunal puede:

  • Dejar de lado las conclusiones a las que se llegó en la audiencia de jurisdicción y desestimar el caso. Aunque el juez sólo hará esto por el interés del menor y del sistema judicial.
  • Ordenar que el menor sea puesto bajo libertad condicional, lo que significa que será supervisado por el Departamento de Libertad Condicional y que tendrá que cumplir con ciertos términos y condiciones que serán establecidos por el juez.
  • Determinar que el menor sea puesto bajo la tutela del Tribunal, lo que significa que será la autoridad judicial quien en adelante tome las decisiones y no los padres.

¿Qué términos y condiciones suelen imponerse cuando el menor es puesto bajo libertad condicional?

Cuando el menor es puesto bajo libertad condicional, el juez establece unos términos y condiciones que son de obligatorio cumplimiento. Se trata de una serie de requisitos que el menor debe cumplir de forma estricta y que pueden incluso implicar la renuncia de algunos de sus derechos. No obstante, todo lo que se establece en el régimen de libertad condicional se fija en beneficio del menor.

A continuación, se indican algunos de los términos y condiciones de la libertad condicional que el juez de menores puede imponer en estos casos:

  • El menor debe asistir a la escuela sin faltar un solo día.
  • El menor debe cumplir con todos los requisitos del toque de queda.
  • El menor puede estar sujeto a pruebas aleatorias de detección de drogas o alcohol.
  • El menor debe participar en actividades de servicio comunitario.
  • El menor debe indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios que le haya ocasionado.

Pero también es posible que dentro de esos términos y condiciones se le restrinja realizar determinados actos como por ejemplo conducir libremente o que se le prohíba frecuentar algunos sitios en específico o reunirse con ciertas personas.

¿Qué implicaciones tiene que un menor sea puesto bajo la tutela del tribunal?

Cuando un menor es puesto bajo la tutela del tribunal, la autoridad judicial puede hacer cualquiera de lo siguiente:

  • Enviar al menor a casa con supervisión de un oficial de libertad condicional.
  • Enviar al menor a casa de un familiar o pariente.
  • Enviar al menor a un hogar grupal, de crianza o cualquier institución similar.
  • Enviar al menor a un campo de entrenamiento o centro de detención del condado.
  • Enviar al menos a la División de Justicia Juvenil (mejor conocida como DJJ).

Tenga en cuenta que cuando el juez decide que el menor deba ir a casa en libertad condicional, vivir con un pariente, ir a un hogar de crianza o un hogar grupal, el tribunal tendrá un plan de caso para el futuro. Esto significa que la autoridad judicial revisará constantemente el progreso del menor para determinar si debe tomar medidas adicionales.

Y si por el contrario, el tribunal decide recluir al menor en una institución o un centro de detención, entonces establecerá el plazo máximo durante el cual el menor permanecerá bajo custodia.

¿Qué pasos puede tomar el menor luego de que el tribunal ha aceptado la petición del fiscal?

Si el tribunal optó por aceptar la petición presentada por el fiscal y ya tuvo lugar la audiencia de disposición que le sigue, entonces el menor puede realizar diferentes actos. A continuación se mencionan algunos de estos: 

  • Apelar la decisión que emitió el tribunal de menores.
  • Solicitar que se anule la orden judicial.
  • Solicitar que se modifique la orden judicial.
  • Evaluar la posibilidad de sellar los registros.

Con respecto al primer punto, referente a presentar un recurso de apelación, esto es posible cuando el menor considera que durante el proceso se violaron sus derechos. Cuando el menor decide apelar, su abogado será de gran ayuda para hacerlo. Es importante resaltar que el recurso debe presentarse dentro del plazo establecido por la ley, el cual es de 60 días contados a partir de la audiencia de disposición.

Por su parte y con relación a los siguientes dos puntos, referentes a elevar una solicitud para que se anule o modifique la orden, esto podría ser válido en el evento de que se descubran nuevas pruebas o si la situación del menor cambia.

Por último y con respecto al último punto, relativo al sellado de registros, el menor lo puede solicitar pero bajo determinadas circunstancias. Entre éstas que no haya cometido delitos adicionales dentro de los últimos 5 años. 

Por lo general, es posible sellar los registros en aquellos casos donde el menor tuvo contacto o interactuó con el oficial de libertad condicional. Y si el menor fue condenado ante el juez, existe la posibilidad de sellar sus antecedentes penales pero una vez que cumpla la edad de 18 años.

En este sentido, el menor puede solicitar al tribunal que selle los registros de arresto, los documentos y archivos del tribunal, los documentos y registros de libertad condicional, los formularios y copias de cualquier otra agencia pública que pueda tener documentos relacionados con el caso. Pero para hacerlo, se recomienda contar con la asesoría de un buen abogado que tenga tanto el conocimiento como la experiencia para orientarlo en estos trámites.

¿Por qué es importante contar con el apoyo de un abogado defensor en estos casos?

El hecho de que un menor se enfrente a un arresto puede ser una situación traumatizante y un gran motivo de preocupación tanto para él como para sus padres. Es en este tipo de situaciones donde surgen muchas dudas e inquietudes acerca de lo que en adelante sucederá. 

Si su hijo se encuentra detenido, es fundamental que esté al tanto de las posibles consecuencias que corre el riesgo de enfrentar, entre ellos el gran estigma social que podría generarse por causa de los antecedentes penales. La anterior es tan solo una de las razones por las que es importante contar con el apoyo de un abogado defensor, pues además los procedimientos judiciales suelen ser bastante complejos.

Los casos que involucran a menores son comunes en California, pero no porque su hijo haya sido arrestado significa que necesariamente será sentenciado y confinado. El papel de su abogado será clave en el desarrollo del caso y con su ayuda será posible identificar los aspectos que pueden favorecer al menor, argumentando ante el tribunal cada uno de ellos. Recuerde que el juez toma en consideración todas las pruebas que a bien se tengan, lo que significa que tendrá en cuenta cualquier material probatorio que se traiga al juicio, incluyendo aquel que esté encaminado a contribuir a su defensa.  

¿Existe la posibilidad de que el juez ordene transferir al menor al tribunal penal de adultos?

Sí es posible. Pero para hacerlo se celebrará una audiencia de transferencia en la cual el juez de menores tomará en consideración varios factores y con base en ellos adoptará una decisión. A continuación, se destacan algunos de ellos:

  • El grado o nivel de sotisficación criminal del menor.
  • Los antecedentes penales del menor.
  • Las circunstancias y la gravedad del delito.

Teniendo en cuenta que lo que está evaluando el juez es la transferencia del menor desde el tribunal de menores hacia el tribunal penal de adultos, examinará en detalle cada uno de los factores mencionados pero además verificará si en el pasado se realizaron esfuerzos por rehabilitar al menor y cuál fue el resultado que se obtuvo en aquel momento. A su vez, determinará que tan posible sería rehabilitar al menor antes que la jurisdicción del tribunal de menores expire.

Conseguir la asesoría legal de un abogado de leyes criminales de San Diego, CA

El objetivo principal del Sistema de Delincuencia Juvenil es rehabilitar al menor en lugar de castigarlo. Por eso cuando se determina que lo establecido en la petición del fiscal es correcto, el juez la acepta y fija fecha de audiencia para dictar la sentencia. El resultado que se obtiene en esa audiencia va desde la desestimación del caso hasta la imposición de medidas en pro de la rehabilitación del menor. De ser este último el caso, se impartirán programas de educación y tratamiento que le permitan convertirse en un ciudadano respetuoso de la ley para que pueda volver a reunirse con su familia y reintegrarse en la comunidad.

Si su hijo enfrenta problemas con la ley, es fundamental que consiga asesoría legal desde un comienzo y en el Bufete de Defensa Criminal encontrará lo que está buscando. Nuestros abogados de leyes criminales están comprometidos con la defensa y protección de los derechos de los menores. Trabajamos incansablemente para obtener los mejores resultados posibles.

Una buena defensa puede hacer una gran diferencia. Comuníquese con nosotros de inmediato a través del 619-722-5858 para que uno de nuestros abogados se apersone de su caso. Recuerde que la primera consulta es gratuita. ¡No hay tiempo que perder! ¡Marque ya!